NC propone que se destine al menos el 0,4% del PIB a inversión en vivienda pública en Canarias

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha presentado una proposición no de ley (PNL) en la que reclama urgentes modificaciones en la Ley Canaria de Vivienda de 2003 para actualizarla y hacerla “más eficaz” ante el “grave” problema habitacional que padecen las islas. Así, proponen que en Canarias se presupueste, anualmente, al menos un 0,4% del PIB a este ámbito, garantizando el aumento progresivo del parque de vivienda pública.

La PNL del partido plantea, entre otras medidas, reconocer el acceso a una vivienda como “un derecho subjetivo público” que las administraciones están obligadas a prestar a los ciudadanos y ciudadanas. En líneas generales, el partido ha considerado que el acceso a la vivienda en las islas muestra una “evolución negativa”, marcada por el crecimiento descontrolado del precio de los alquileres y la escasez de viviendas a un precio asequible.

Esta situación, continúa la formación en un comunicado, es “más grave aún” en una comunidad, la canaria, con bajos salarios, y más aguda en zonas donde el mercado está muy tensionado.

“La única actuación destacable fue el Plan de Vivienda 2021-2025, aprobado en la anterior legislatura, dotado con más de 660 millones de euros y que incluye numerosas actuaciones, entre ellas la construcción de 5.971 nuevas viviendas protegidas para el alquiler”, defienden desde el partido.

Vivienda protegida

A los factores señalados han añadido “la falta” de promociones de vivienda protegida, tanto de carácter social como a precio limitado en alquiler.

“Nuestra comunidad es la segunda del Estado que menos vivienda ha construido en las dos últimas décadas. Esto se convierte en un gran obstáculo para el acceso a una vivienda digna para las familias con menos recursos”, han agregado desde NC-BC.

Además, según exponen, el crecimiento del alquiler vacacional, especialmente en los ámbitos urbanos, “está reduciendo de forma considerable la disponibilidad de viviendas para residentes, desplazando a la población local y encareciendo los precio”.

El partido ha argumentado así cómo en algunos de los núcleos poblacionales del archipiélago el número de viviendas vacacionales supera al de alquiler residencial, una situación a la que habría que sumar “la compra de viviendas por extranjeros no residentes, con claramente fines especulativos”.

Han enfatizado que este panorama negativo se completa con “el hecho de que Canarias lidere los desahucios por alquiler” en España. “Aunque se han puesto en marcha distintas medidas estatales de protección, miles de familias se enfrentan a situaciones de desalojo de sus hogares sin que dispongan de una alternativa habitacional”.

Por ello, desde el partido político han apelado a reforzar los mecanismos de mediación y protección para evitar el desamparo de personas y familias vulnerables.

Recuerdan que la PNL para la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias presentada por el grupo parlamentario contiene actuaciones y medidas a implementar con “urgencia” ante la dimensión del problema de vivienda en las islas.

De este modo, se enfatiza en ella la importancia de considerar el acceso a la vivienda “como un derecho subjetivo público” que las administraciones deben satisfacer, facilitando el acceso a una vivienda en régimen de alquiler o mediante aportaciones económicas para su arrendamiento.

Movilizar vivienda vacía

En ese sentido, defienden una “apuesta decidida” por aumentar el parque de vivienda protegida, a través de la promoción, lo que requiere de “una financiación estable, plurianual y suficiente”.

“Canarias debe colocarse en inversión en vivienda pública en la media de la Unión Europea, presupuestando anualmente como mínimo un 0,4 % de nuestro PIB, garantizando así un aumento progresivo del parque de vivienda pública. Supondría, en estos momentos, disponer de unos 216 millones de euros anuales”, concluyen.

Desde la formación no se han olvidad de continuar defendiendo como “fundamental” el propiciar el alquiler de vivienda vacía. Exponen que, según el INE, hay 210.000 viviendas vacías en nuestra comunidad. Así, desde NC-BC proponen su compra y, sobre todo, su movilización para incorporarlas al parque público de alquiler asequible.

“Se trata de fomentar el alquiler de la vivienda vacía, con garantías jurídicas y materiales tanto para el arrendador como para el inquilino, argumentan.