No exponer el calendario laboral vigente, no entregar el recibo del salario al trabajador, fijar condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, modificar unilateralmente las condiciones sustanciales del trabajo, impago o retrasos reiterados en el pago del salario, fraude a la Seguridad Social o sortear las normas de salud laboral son algunas de las infracciones leves, graves y muy graves más frecuentes entre el empresariado español, según despachos de abogados e Inspección de Trabajo. En 2023 este organismo llevó a cabo 273.499 visitas, el 29% de las cuales acabó en actas de infracción. En la Comunidad Valenciana este porcentaje se elevó al 34%.
A estas vulneraciones se les suman las horas extra impagadas (el 40% del total, según el Instituto Nacional de Estadística), incumplimientos en la Ley de igualdad o en la no discriminación de las personas LGTBI en las empresas, dificultades para conciliar con la imposición de horarios partidos o el empleo de personas en situación irregular que alimenta la economía sumergida, advierte Comisiones Obreras del País Valenciano (CCOO PV).
Por todo ello el mundo laboral se asemeja en demasiadas ocasiones a una selva, considera el sindicato, en la que las posibilidades de supervivencia aumentan en la medida en que la gente es capaz de conformar una tribu y de disponer de herramientas para combatir “la ley del más fuerte”. Ese es el papel de los sindicatos: organizar a las trabajadoras y trabajadores que en solitario se encuentran en mayor indefensión, con miedo a represalias por parte de las empresas si reclaman lo que les corresponde.
Más sindicación, mejores condiciones
Actualmente, en España, uno de cada cinco trabajadores en activo está afiliado a un sindicato, de media. Son, sobre todo, jóvenes de entre 16 y 24 años y población de entre 55 a 65 años. En el País Vasco esa cifra alcanza el 30%, lo que se traduce en una negociación colectiva con un impacto fuerte en las condiciones laborales, mientras que en la Comunidad Valenciana es del 20%, como en la mayoría de comunidades autónomas.
Un 60% de la población activa considera a las organizaciones sindicales poco relevantes, aunque las mejoras del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, los planes de igualdad, la regulación de las empleadas del hogar o la reducción de jornada laboral aprobadas por el Gobierno se hayan pactado con ellas.
Mientras muchos trabajadores y trabajadoras desconocen el convenio colectivo que ampara su puesto de trabajo, crece la pobreza laboral y aumentan las personas trabajadoras con ansiedad y estrés, bien por exceso de carga de trabajo o por estar estancadas en su profesión, con falta de perspectiva, promoción y reconocimiento. Y las nuevas tecnologías, que tanto han facilitado la vida de la gente, también la han abocado a una conexión permanente, fuera de la jornada o incluso los fines de semana, a pesar de que existe una ley que regula la desconexión digital.
Trabajadores pobres
“En España la pobreza laboral tiene más que ver con las dinámicas laborales que con los cambios en la composición del hogar. Así pues, entrar y salir de la pobreza laboral se asocia a salarios bajos y a períodos de inactividad o paro de uno o más miembros del hogar”, recoge el informe 'Entrar y salir de la pobreza laboral en España'. “Para la mayoría de los hogares pobres sin trabajo entrar en el mercado laboral no significa salir de la pobreza: un 58% sigue siendo pobre después de que uno o más de sus miembros se incorporen al mercado laboral”.
La Comunidad Valenciana es la sexta región de España que menos oportunidades de renta ofrece a la población, con casi 40 puntos menos que el País Vasco -la más próspera-, y Alicante es la segunda provincia del país con mayor pobreza relativa -población con renta por debajo del 60% de la media-, situación que se vincula a la excesiva dependencia del turismo. Estas son algunas de las conclusiones del estudio 'Distribución geográfica de la renta de los hogares en España', realizado por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Para mejorar las condiciones de vida y de trabajo y para paliar tanto los abusos laborales como el desconocimiento generalizado de los derechos profesionales de los trabajadores, CCOO PV ha puesto en marcha una campaña para asesorar a la ciudadanía. Para dar a conocer sus obligaciones, pero también y sobre todo, sus reclamaciones legítimas, más fáciles de expresar y defender en colectivo y a resguardo de una organización.
CCOO es el primer sindicato español, con cerca de 100.000 delegadas y delegados sindicales y casi un millón de personas afiliadas. Cuenta con una red de 320 abogadas y abogados y 190 centros repartidos por el territorio nacional.